El tema de las escuchas telefónicas no es nuevo, y no escapa a él ni el presidente de la República. Durante la conferencia de prensa —el 29 de julio— en la que se anunció la sustitución de Juan Luis Florido como fiscal general de la República, Colom hizo una declaración reveladora: “Creo que los que escuchan mi teléfono se equivocaron, el anuncio era sobre los cambios en el Ejército; no había otro, pero coincidió con la notificación de Juan Luis de retirarse por asuntos estrictamente personales”.

Según el presidente, el acoso telefónico es tal que ha hecho pruebas con su personal de confianza, y asegura que información que solo ha platicado por teléfono sale días después publicada en los medios de comunicación.

“Siempre me pregunto de dónde se habrán enterado —los medios de comunicación—. El otro día hicimos pruebas con Carlos Quintanilla, y como a la semana salió una nota sobre ello, y eso solo él y yo lo sabíamos”, comenta el mandatario.

Colom señala que no teme por su seguridad ni le preocupa la intercepción telefónica, pero que ese es un delito que hay que tipificar. “Creo que soy el primer presidente que no escucha, sino que lo intervienen telefónicamente; a mí no me interesa estar escuchando a la gente”, afirma.

El mandatario adelanta que sus asesores preparan una normativa que prohíba y tipifique las escuchas telefónicas privadas. “Dios me libre agarramos a una persona escuchándome ilegalmente; eso sería sedición, conspiración y espionaje”, advierte.

Según Colom, el problema es que en los últimos años el negocio de la intercepción de llamadas se ha vuelto demasiado lucrativo en Guatemala.

“Existen empresas, profesionales y compañías de investigación privada que usan y compran el servicio; ahora es fácil, y los aparatos no son muy caros”.

Francisco Jiménez, ministro de Gobernación, indica que las únicas dos leyes que permiten realizar escuchas telefónicas con autorización de juez es la Ley contra la Delincuencia Organizada y la Ley de la Dirección de Inteligencia Civil.

“Creo que debe generarse un reglamento específico en ambas leyes para el tema de las escuchas, en donde quede explícitamente clara la prohibición de oír a particulares”, opina Jiménez.

Escuchas sirven para chantajear

Iduvina Hernández, directora de la organización Seguridad en Democracia, cree que la denuncia del presidente es preocupante.

“Es algo sumamente grave, porque la intervención telefónica es una medida que invade la privacidad de una persona, y resulta más grave si es al mismo presidente, por los temas y decisiones que él maneja”, expone Hernández.

Helen Mack, directora de la Fundación Myrna Mack, considera que sería oportuno que presente una normativa que prohíba las escuchas telefónicas privadas.

La activista en derechos humanos indica que desde la época del conflicto armado interno esa práctica fue común por la inteligencia militar. “Ahora, muchos militares que se encuentran en situación de retiro emplean la experiencia obtenida para vender el servicio, que muchas veces facilitan a terceros para boicotear o chantajear a una persona específica”, denuncia Mack.

Mario Mérida, analista independiente en seguridad, también coincide con el resto de expertos consultados sobre la gravedad de la denuncia presidencial.

“Para la gobernabilidad del país es un riesgo la intervención al mandatario. Creo que el personal de seguridad que llegó con Colom debió efectuar un proceso de limpieza en las instalaciones de la Casa Presidencial, y establecer que los teléfonos que utiliza son confiables”, señala Mérida.

Mérida recomienda al Ejecutivo iniciar una investigación exhaustiva, para determinar de dónde provienen las escuchas.

Además, indica que la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia debe agenciarse de aparatos que neutralicen el espionaje telefónico presidencial.